La cáscara socialista está vacía: neocolonialismo e hidrocarburos en Argelia y Venezuela

1) Sonatrach: símbolo de la soberanía nacional argelina

Hace ya unos dos meses que salía la noticia que el presidente argelino Abdelmajid Tebboune, quien ocupa el cargo tras unas elecciones (12 de diciembre de 2019) boicoteadas por el movimiento popular (hirak) y en las que hubo la participación más baja de la historia del país, anunciaba un recorte en el 30% del gasto público por lo que se temía que (a pesar del confinamiento decretado por la crisis del coronavirus y las promesas que las medidas de austeridad no afectarían a las subvenciones a los productos básicos ni a los salarios de los empleados públicos) la sociedad argelina volviera a echarse a la calle. El análisis que hacía el presidente se relacionaba con una crisis estructural del país por su excesiva dependencia de las rentas petroleras y anunciaba el recorte a la mitad de los gastos de explotación y los costes de inversión de la petrolera estatal Sonatrach.

Esta emblemática compañía ha representado históricamente el buque insignia de la “soberanía nacional” argelina. Consecuentemente, la participación de Argelia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) representó, en su momento, un desafío al neocolonialismo (al llegar a tener esta, en cierta época, un monopolio en la fijación de precios) pero hoy en día, después que se rompiera la solidaridad interna de la organización y los países del Golfo reventaran los precios, este papel asignado ha entrado en una crisis profunda. Aurèlia Mañé, profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona, nos explica como la propiedad estatal de los hidrocarburos constituye una condición necesaria, pero no suficiente, a la hora de legitimar el sistema de dominación política en el país.

La élite política y militar dirigente debía dar respuesta a dos aspiraciones colectivas: la independencia y el desarrollo económico (que habría de crear, supuestamente, las condiciones materiales para el bienestar social de la población). Así en 1971 se produce la nacionalización de los hidrocarburos por el presidente Bumedián, según Mañé el único líder de la historia de Argelia que ha sido capaz de articular un discurso económico coherente con su actuación. Se consolida, entonces, un proceso en el cual el Estado se autonomiza de la población (al controlar la principal fuente de ingresos del país que tampoco precisa de una gran cantidad de trabajadores) lo que le lleva a cierta arbitrariedad en sus decisiones acerca de lo que gasta y en que lo gasta.

2) El petroestado venezolano y la lucha por el destino de la renta petrolera

Se trata, esta, de una característica definitoria de los petroestados de la periferia del sistema-mundo. Así, por ejemplo, en Venezuela, a partir de 1958 (coincidiendo con la llegada de la democracia representativa por el golpe cívico-militar contra el dictador Pérez Jiménez) se da un vuelco de timón y la renta petrolera ya no será distribuida con tanto énfasis en los sectores populares, sino que irá orientada a la creación de industrias nacionales que reduzcan los niveles de las importaciones y las exportaciones petroleras. Es decir, se pasa del populismo militarista perezjimenista (mezcla de fascismo y keynesianismo) a un nuevo proyecto nacional basado en una actualización de la noción de “siembra petrolera” de Arturo Uslar Pietri que no dejaba de rezumar cierto elitismo al considerar a los sectores populares indignos de recibir los beneficios del petróleo.

Es decir, se produce una sorda lucha entre el pueblo llano y la burguesía nacional por recibir el favor de un Estado venezolano que distribuía los beneficios de la renta de los hidrocarburos. Pero la “siembra petrolera” fue un fiasco y se tradujo en una política de industrialización compulsiva que no se basaba en un cálculo racional de lo que se debía importar y lo que se debía producir en el país sino a la satisfacción de ciertos intereses particulares. La llamada Industrialización por substitución de importaciones (I.S.I.) teorizada y ensayada en Latinoamérica, y que pretendía reducir la dependencia económica de estos países respecto al mundo desarrollado, no pudo superar las dificultades estructurales como la creciente disparidad en los respectivos niveles de productividad, debido a las grandes diferencias de partida en cuanto a desarrollo tecnológico y baja capacidad de consumo de la población. Esto último indica la contradicción en la que se cae con la idea de “siembra petrolera”: de poco sirve producir en el país si la gente no tiene capacidad para consumir lo que se produce.

Al fin y al cabo, estos modelos no dejaban de representar la idea ingenua de que se podían cambiar las cosas en el marco del mismo sistema capitalista. En la práctica, los países desarrollados iban a bloquear cualquier intento de industrialización de la periferia orientada a crear un mercado interno. El recuerdo de la “Guerra Grande” o “Guerra de la Triple Alianza” (1864-1870) donde Brasil, Argentina y Uruguay (actuando de intermediadores de la zarpa imperialista británica) arremetieron contra Paraguay, que estaba iniciando su propio modelo industrializador, es un recuerdo sangrante en la región: había que mantener a toda costa la relación centro-periferia donde la segunda se mantenía como un mercado cautivo de la primera. En relación a esto, el Ministerio de Energía y Petróleo venezolano afirmó la prioridad de la “distribución popular” de la renta petrolera, dando cierta marcha atrás a las ideas elitistas y clasistas de Uslar Pietri, pero esto trajo como consecuencia el reforzamiento de la dependencia del país respecto al petróleo y su hundimiento al caer su precio en el mercado internacional.

La disyuntiva se encuentra entonces entre potenciar un proceso industrializador que nace herido de muerte por las dificultades estructurales en que se encuentra su desarrollo, lo que puede significar un despilfarro de recursos, o la distribución de la renta directamente al pueblo en forma de redes clientelares que a la larga refuerzan su dependencia y vulnerabilidad frente al Estado, si bien parecen solucionar en un primer momento sus carencias más acuciantes: así, en el contexto de la inexistencia de un proyecto de desarrollo a largo plazo es “pan para hoy y hambre para mañana”. Por mucho que dicho Ministerio afirme que la distribución popular es la dimensión revolucionaria de la política petrolera solo representa una orientación “socialdemócrata” de “paños calientes” ante la enfermedad del capitalismo (que en el contexto de subdesarrollo se constituye en un populismo clientelar donde el Estado se hibrida con el movimiento político).

3) La “industrialización fantasma” argelina y el “Proceso de Barcelona”

En el caso de Argelia, el desarrollo industrial guiado por el Estado se convirtió en el símbolo de la Argelia independiente a fin de construir las bases materiales del socialismo. En la práctica, su funcionamiento era deficiente, pero esto no impedía que las empresas socialistas jugaran un papel sociopolítico relevante: seguían remunerando a los trabajadores y distribuían como intermediarias los bienes adquiridos en el exterior. Así a pesar de que se construyó, en su momento, un complejo para la fabricación de antibióticos, Argelia importa, a día de hoy, el 85% de los medicamentos que consume, debido a su incorrecto funcionamiento. Este sistema paradójico constituyó la base material del pacto social hasta que Chadid Benyedid fue elegido presidente en 1979, un año después de la muerte de Bumedián. Su política representó un giro de 180 grados, al implementar una política antiindustrialista que rompió las bases del sistema y estableció un discurso basado en la “eficiencia económica” y una política de autoritarismo militar.

La ensoñación de una Argelia socialista, portaestandarte de la lucha contra el colonialismo, que había encandilado a una izquierda europea que gustaba de exaltarse con estos imaginarios “revolucionarios” foráneos mientras en casa defendía una política socialdemócrata, empezaba a quebrarse. A esto se añadió que, a partir de 1986, los precios del crudo empezaron a disminuir substancialmente y Argelia vio decrecer sus ingresos drásticamente dando lugar a la primera revuelta popular en 1988. En la actualidad Argelia es cada vez más dependiente de la exportación de hidrocarburos, pero esto ya no le aporta la legitimación política de la época de Bumedián, como ha evidenciado el surgimiento de las protestas masivas del hirak, pues las bases ideológicas del régimen (socialismo y lucha anticolonial) están deterioradas a ojos de la población.

Así, Sonatrach contempla, actualmente, la participación de operadores transnacionales en la extracción de gas manteniéndose como operador mayoritario. De la misma manera, en Venezuela se implementaron las empresas mixtas para la extracción de petróleo (después de un primer intento fallido de introducirlas en el nuevo texto constitucional de 2007) que, según Rafael Uzcátegui, anarquista y sociólogo venezolano, significaba una vuelta de tuerca más en un proceso que ya venía de la Constitución Bolivariana de 1999 donde, en su artículo 301, revertía la nacionalización petrolera de 1974 de Carlos Andrés Pérez. Así, el movimiento bolivariano (bajo una retórica patriótica y ultraizquierdista) parecía situarse a la derecha de un socialdemócrata que (antes de convertirse en un sangriento represor durante la revuelta popular del “Caracazo” en 1989) había llegado a apoyar a los guerrilleros sandinistas nicaragüenses amenazando al Dictador Somoza con una intervención en su ayuda.

En Argelia, existe en la actualidad la propuesta de ir más allá y eliminar la condición que los operadores transnacionales operen con Sonatrach. Si se aprueba esta propuesta será la puñalada definitiva al sueño de una Argelia soberana. Este proceso político, donde la yema socialista se va vaciando para dejar una cáscara que ya no convence a nadie y que el hirak lucha por romper, no es ajeno a ciertas presiones que vienen del exterior. En 1995, en la capital de la nació catalana oprimida per l’imperialisme espanyol tuvo lugar el llamado “Proceso de Barcelona” donde los funcionarios de la Unión Europea consideraron, de forma entusiasta, que el libre comercio y la adopción de políticas liberales por parte de los países del sur atraerían inversiones extranjeras, allanando así el camino para la dinamización de la estructura productiva local, la promoción de la integración regional y la creación de nuevas oportunidades de empleo.

Así, en este escenario geográfico tan incomparable y civilizado, se contribuía a remachar las cadenas neocoloniales de las poblaciones del sur del mediterráneo (cuyos gobiernos firmaron los acuerdos pertinentes) pues tales directivas solo contribuirían a crear un “capitalismo de amiguetes” (crony capitalism) donde en las privatizaciones saldrían beneficiados, preferentemente, elementos bien colocados de los regímenes autoritarios con la corrupción consiguiente. En lugar de la democratización, la liberalización llevó a la aberración de unas autocracias iliberales modernizadas con una distribución muy desigual del poder y la riqueza. ¿Qué creían que iba a pasar los funcionarios de la U.E. en países donde, debido a la represión y monopolio político, existía una débil burguesía dependiente y unos movimientos sociales replegados y atemorizados?

Hay, aun así, quien se atreve a decir que no hay que culpar en exceso a la U.E. pues hay que diferenciar su política centrada en valores de la política de los Estados-Nación que la integran basadas en intereses. Esto obvia descaradamente, a mi entender, la interdependencia que existe entre la política neocolonial de los Estados y el intento de lavarse la cara de la superestructura institucional que comparten.

4) La única solución ¡la autogestión!

Como nos recordaba el compañero cenetista manchego Abraham Guillén en su labor por clarificar teóricamente la alternativa económica al capitalismo monopolista y al “comunismo” estatal:

Las cooperativas de producción y servicios, en países de economía de Estado, con un rígido sistema de planificación económica centralizada, están mediatizadas políticamente con instrucciones dirigistas de la burocracia, control del mercado, intervención política de los partidos monolíticos, quebrantando así uno de los principios básicos del cooperativismo: neutralidad política e independencia de las cooperativas respecto de los partidos políticos y del Estado.

Para él tan mala era una economía liberal sin planificación de ninguna clase que no hacía más que aumentar las diferencias entre clases sociales que una de excesivamente dirigista que anulaba la iniciativa y creatividad de los trabajadores y anquilosaba la economía innecesariamente. Para Guillén la planificación debía ser compatible con una sana competencia en un “socialismo libertario de mercado” como paso previo al comunismo libertario. Para ello estudió en profundidad el modelo de “socialismo autogestionario” yugoslavo (si bien no se salvaba de sus críticas por el autoritarismo político de Tito) entre otros. El falso cooperativismo bolivariano (donde estas se constituyen, fundamentalmente, en suministradoras del Estado y están bajo vigilancia del SUNACOOP) difiere de experiencias venezolanas independientes como CECOSECOLA de Barquisimeto (“cooperativa de cooperativas” que incluye ahorro, producción agrícola etc.) y es anterior al chavismo.

Así como las “empresas socialistas” argelinas, ineficientes y dependientes del dirigismo burocrático, convertidas en “empresas económicas” con Benyedid, contrastan con la primera fase autogestionaria durante el gobierno de Ben Bella (1962-1965) cuando la huida de los colonos “franceses” del país (que constituían los técnicos, profesionales liberales, obreros cualificados, propietarios agrícolas etc.) dejó en manos del pueblo pobre y explotado el control de los medios de producción. Este proceso sería revertido, lamentablemente, con la creación de cooperativas de moudjahidines (antiguos combatientes del Ejército de Liberación Nacional) controladas por una Dirección General dependiente del Ministerio de Defensa y los “Decretos de marzo” de 1963 que institucionalizaban esta interesante experiencia surgida de abajo.

Por otra parte, en el documental Nuestro Pétroleo y Otros Cuentos (polémica producción que, si bien fue realizada por antiguos simpatizantes del chavismo, fue vetada por el Gobierno Bolivariano por sus críticas) se narra la interesante experiencia de autogestión de la petrolera estatal PDVSA cuando los trabajadores (mayoritariamente afectos al proceso bolivariano) pusieron a funcionar la compañía por ellos mismos al sumarse la dirección al Paro Petrolero de 2002-2003 contra el Gobierno de Hugo Chávez. Lo paradójico del asunto es que cuando todo terminó el Gobierno que ellos mismos apoyaban se hizo con el control de la compañía deshaciendo la autogestión espontánea. Como nos recordaba un trabajador de PDVSA:

Lo hicimos durante 3 o 4 meses, aquí no hubo gerentes, no hubo fuerzas de seguridad que nos protegieran, sino el Ejército allí en los portones, hubo algo disuasivo, pero quien cuidó las instalaciones y las operamos fuimos los trabajadores petroleros y la comunidad

Afirma que su error fue no percatarse que además de operar estaban gestionando lo hicimos sin darnos cuenta y después vino esa gente y ocupó sus espacios. Afirma que hicieron la normativa a un lado y no había distinción de nóminas ni de cargos (https://www.youtube.com/watch?v=9QcvCEBi6fk 9:35). Una luminosa experiencia donde el estrato más bajo de la aristocracia obrera petrolera (los trabajadores de nominas más altas también se sumaron al cierre patronal) consiguió apoderarse por unos meses de la compañía más importante del país. Hay que recordar que el papel revolucionario de la clase obrera no depende tanto de su número (y en un país subdesarrollado como Venezuela es inferior a los países de la Unión Europea) sino del papel estratégico que ocupa en la economía ¿Y que hay más estratégico en esta nación caribeña que el petróleo? Ojalá la PDVSA y SONATRACH actuales siguieran este brillante ejemplo: deshaciéndose de todo capitalista y burócrata para construir las bases de una economía libertaria al servicio de la gente.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                          Alma apátrida

Bibliografía:

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RAMÍREZ CARREÑO, RAFAEL DARÍO Una política Petrolera Nacional, Popular y Revolucionaria (Palabras del ciudadano ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Darío Ramírez Carreño, ante la Asamblea Nacional, el miércoles 25 de mayo de 2005). Ministerio de Energía y Petróleo – República Bolivariana de Venezuela – PDVSA – Serie “Plena Soberanía Petrolera” 1. Página 27.

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